Camilo Enciso Vanegas, secretario de Transparencia de la Presidencia, afirma que los mecanismos jurídicos enviciados que le facilitan a los corruptos evitar el castigo deben ser objeto de estudio. De igual forma, dice que Colombia cuenta con avances normativos para la lucha contra la corrupción.
Para Enciso Vanegas, la corrupción que se presenta en Colombia no es
impedimento para que nuestro país haga parte de la OCDE. Dice que se
está trabajando en la “Ventanilla Única de Denuncias”, que le permitirá
al ciudadano denunciar actos de corrupción a través de un único portal.
En el Índice de Percepción de Corrupción del 2015 Colombia no sufrió cambio alguno frente al 2014. ¿De qué forma se puede interpretar esto? ¿Colombia se mantiene igual que hace un año?
El índice de percepción está basado en sondeos, es el resultado de
encuestas aplicadas a representantes de varios sectores sociales, por
lo que su resultado, aunque muy importante, desconoce los avances
reales en materia de lucha contra la corrupción que ha tenido el país,
así como los desarrollos normativos que se han alcanzado.
El año pasado se expidió el decreto reglamentario de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se sancionó la Ley de
Lucha contra el Contrabando y se formuló el Proyecto de Ley de
Protección a Denunciantes. Este año se logró la sanción de la Ley
Antisoborno Transnacional. Todos estos son avances normativos
que representan un cambio sustancial en la lucha contra la corrupción en
el país. Colombia no se mantiene igual.
En
la Secretaría de Transparencia recibimos mensualmente unas 250
denuncias por hechos de corrupción; las denuncias incrementaron en un
140% el año pasado. Esto evidencia que las diferentes herramientas para
el ejercicio del control social y la rendición de cuentas han servido
para que la ciudadanía sea más consciente de que debe colaborar
en la vigilancia del buen uso de los recursos públicos y del goce
efectivo de sus derechos. Lo anterior redundará en una
creciente percepción de corrupción en el país, pero a ciencia cierta no
podemos afirmar si se presentaron más o menos hechos de corrupción.
¿De qué forma afectan los índices de corrupción para que nuestro país ingrese a la OCDE?
Considero que estos resultados no afectarán el ingreso del país a
este organismo, porque la organización enfoca sus recomendaciones en el
soborno transnacional, tema frente al cual ya existe un desarrollo
normativo. La Ley Antisoborno Transnacional le permitirá a la
Superintendencia de Sociedades aplicar multas hasta por 40 millones de
dólares e inhabilitar a funcionarios y entidades jurídicas hasta por 20
años. Con la sanción de esta ley el país ha cumplido con el 50% de los requisitos exigidos para su ingreso.
¿Se están considerando penas más fuertes contra los corruptos, ya que por ahora todo comienza desde los 6 años de prisión?
El problema no se soluciona endureciendo las penas, hay que
aplicar las que ya existen, y que quienes atentan contra el bienestar de
los colombianos a través de actos de corrupción vayan a la cárcel. El
Observatorio de Transparencia de la Secretaría encontró que tan solo el
16% de las sentencias condenatorias emitidas por la comisión de delitos
contra la administración pública terminan en una pena efectiva de
prisión.
Sin lugar a dudas, deben ser objeto de estudio los mecanismos
jurídicos enviciados que le facilitan a los corruptos evitar el castigo.
Actualmente el observatorio analiza la aplicación de mecanismos de
terminación anticipada del proceso, como el principio de oportunidad y
los preacuerdos, la implementación de subrogados penales en las
excepciones establecidas por la ley, y los parámetros establecidos para
la rebaja de penas.
¿De qué forma está atacando el Gobierno a los funcionarios públicos que comprometen los recursos del Estado?
Colombia cuenta con un marco normativo de política criminal para
delitos contra la administración pública, pensado para la aplicación
efectiva de penas proporcionales. En concordancia, el Gobierno ha
implementado mecanismos para detectar oportunamente los actos de
corrupción y luchar contra el fantasma de la impunidad, que es
finalmente el factor que procura que no represente ningún costo para el
funcionario corrupto atentar contra el erario público. En este sentido,
la Secretaría de Transparencia, a través de su Grupo de Atención a
Peticiones y Denuncias, apoya la gestión de los entes de control en el
seguimiento a posibles actos de corrupción en todo el país.
Cabe resaltar que no solo debe atacarse el final del eslabón,
y actualmente trabajamos en la construcción de rutas metodológicas de
integridad para servidores públicos, que buscarán fortalecer ese respeto
hacia los recursos públicos que debe caracterizar a los funcionarios.
Muchos critican un programa como Urna de Cristal. ¿Hay que replantearlo? ¿Quizás investigar más lo que allí se denuncia?
La Urna de Cristal no es un portal pensado estrictamente como un
canal para la realización de denuncias, es más una herramienta para el
fortalecimiento de la participación ciudadana y la pedagogía sobre el
quehacer de las entidades públicas. Sin lugar a dudas es necesario
brindarle a la ciudadanía un portal unificado que simplifique el proceso
de denuncia.
Para tal fin trabajamos ahora mismo con las entidades
integrantes de la Comisión Nacional de Moralización en el desarrollo de
una “Ventanilla Única de Denuncias”, que le permitirá al ciudadano
denunciar actos de corrupción a través de un único portal. La
denuncia será redireccionada automáticamente a los entes de control
competentes, y todas las actuaciones administrativas del caso estarán
alojadas en la herramienta con el fin de que el ciudadano pueda hacerle
seguimiento a su denuncia solo con el número de radicado.
En medio de este panorama con incertidumbre se debe destacar lo que hace la Secretaría de Transparencia de la Presidencia para combatir la corrupción. ¿Qué objetivos se han planteado para el 2016?
A nivel legislativo presentaremos un proyecto de ley que creará la
figura de contralores escolares; promoveremos la reforma a los convenios
de asociación de los artículos 95 y 96 de la Ley 489 para regular la
contratación directa; apoyaremos la expedición del segundo decreto
reglamentario de la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la
Información Pública; apoyaremos la reglamentación del proceso de
elección de contralores territoriales; acompañaremos la reforma de la
Ley General de Contratación Pública; y reformaremos el decreto
reglamentario del proceso de selección de la Comisión Nacional Ciudadana
de Lucha contra la Corrupción.
Uno de nuestros principales retos será la consolidación de la
lucha contra la corrupción en las regiones, con miras al posconflicto. En
este sentido, continuaremos fortaleciendo las Comisiones Regionales de
Moralización e implementaremos el segundo Plan de Acción de Gobierno
Abierto.
Para fortalecer el control social en el país consolidaremos la Red
Institucional de Amigos por la Transparencia, y firmaremos un convenio
con la Unión de Colegios Internacionales –UNCOLI– para el lanzamiento
del programa de contralores escolares.
Para incentivar la transparencia en el sector privado
publicaremos una guía de pautas de Comportamiento Empresarial para la
Prevención de Riesgos de Corrupción.
Continuaremos realizando seguimiento a la implementación de la
Política Pública Integral Anticorrupción, Conpes 167 del 2013;
fortaleceremos el Observatorio de Transparencia y Anticorrupción y
seguiremos aunando esfuerzos con los entes de control para la
investigación y sanción de actos de corrupción en todo el país.
Actulícese - 11 de febrero de 2016
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